El Ayuntamiento de Mérida ha anunciado su intención de instalar cámaras de vigilancia destinadas a controlar el tráfico en su zona de bajas emisiones, una medida que busca regular la circulación para proteger los monumentos y las áreas de plataforma única de la ciudad. Sin embargo, esta iniciativa ha desatado un considerable debate entre los ciudadanos debido a la supuesta inclusión de tecnología de reconocimiento facial que estos dispositivos podrían llevar instalada.
Denuncia por parte de una asociación
La asociación “Emeritenses contra el Ruido” ha sido una de las voces más críticas frente a este plan, expresando su preocupación por las implicaciones que el uso de reconocimiento facial podría tener en la privacidad y los derechos civiles de los habitantes, y se preguntan qué pasaría con los menores. A pesar de las alarmas suscitadas, desde el consistorio se asegura que, aunque las cámaras disponen de esta funcionalidad, no será activada ya que contravendría la legislación vigente.
El gobierno local responde
Las autoridades locales han querido tranquilizar a la población, insistiendo en que el objetivo principal de estas cámaras es el uso de lectores de matrículas, tecnología con la que pretenden supervisar y regular el acceso de vehículos a áreas sensibles de la ciudad, sin invadir la privacidad individual de los conductores.
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