El alcalde de Mérida solicita al Estado mecanismos que permitan a los ayuntamientos recuperar el ingreso del impuesto de plusvalías y una mejora de la financiación local

• “El tributo de plusvalías venía a suplir los gastos de la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos. Somos las administraciones con más competencias impropias y menos transferencias del Estado”, afirma Rodríguez Osuna
• “Asumimos el coste de muchos servicios que no son nuestra competencia. Se debe poner sobre la mesa un sistema fiscal que aclare quién paga cada servicio”, explica el alcalde emeritense.

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“Es un duro golpe para todos los ayuntamientos de este país”, así se ha mostrado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tras conocer la sentencia que podría eliminar la recaudación del denominado impuesto de Plusvalía por parte de los ayuntamientos.

“En Mérida dejaríamos de percibir 1.700.000 euros al año de media. Esta Ley del año 2014 aprobada por el PP la tumba ahora el Constitucional. Solicito que pongan en marcha fórmulas que restablezcan la pérdida que va a suponer sobre las cuentas de los ayuntamientos “, afirma Rodríguez Osuna.

El alcalde emeritense ha adelantado que se va a trabajar en una posición común desde la FEMP para que el Gobierno de España “establezca mecanismos para recuperar ese ingreso que vamos a dejar de percibir”, incide.

El de Plusvalías es el segundo impuesto por el que más recauda el ayuntamiento emeritense. “Los ayuntamientos tenemos muchas competencias impropias que asumimos. Asumimos el coste de muchos servicios que no son nuestra competencia. Se debe poner sobre la mesa un sistema fiscal que aclare quién paga cada servicio”, solicita el alcalde.

Por ello, Antonio Rodríguez Osuna pide que se compense a los ayuntamientos la caída de ingresos. “Los ayuntamientos tienen dificultades para gestionar el pago de los servicios públicos y la asunción de competencias impropias. El ejemplo claro ha sido en la pandemia realizando inversiones brutales sin ayuda de nadie”, ha remarcado.

Recuerda Rodríguez Osuna que los ayuntamientos del país asumen tareas y ayudas “con presupuestos municipales que no competen a la administración local”, y destaca, además que el tributo de plusvalías “venía a suplir los gastos de la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos. Somos las administraciones con más competencias impropias y menos transferencias del Estado”, subraya.

Aún así, Rodríguez Osuna recuerda que para hacer una valoración completa del alcance de la sentencia conviene disponer del texto íntegro. Este impuesto ya estaba sometido a controversia jurídica en los últimos años.

El alcalde de Mérida recuerda que existen precedentes con otros impuestos, ya que en 2003 el Gobierno de España compensó a los Ayuntamientos por la anulación del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a PYMES tras la reivindicación de la FEMP.

Rodríguez Osuna reitera que se debe replantear “qué modelo fiscal queremos, ya que el que recoge nuestra Constitución es el que aboga por un sistema tributario basado en los principios de igualdad y progresividad, esto es, un sistema tributario basado en la justicia social y solidaridad colectiva con unos servicios públicos de calidad y que pague más quien más tiene”, incide.

“Estamos esperanzados en que el Gobierno de España garantice la constitucionalidad del tributo y ofrezca seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”, concluye el alcalde emeritense.